BOLETÍN OFICIAL 417

31 de agosto de 2020

Quito, Ecuador. – Mediante videoconferencia, las entidades que forman parte del Pacto por una Internet Segura realizaron el proceso de validación de la política pública para el uso seguro de Internet para niñas, niños y adolescentes (NNA).

Partiendo de la premisa que siete de cada 10 niñas, niños y adolescentes saben cómo usar la Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC); y que solo cuatro de 10 adultos sabe cómo hacerlo, se ha hecho imperativo la construcción de una política pública que, desde la experticia del sector público y privado, prevenga la violencia y proteja los derechos de NNA en Internet y que dote de herramientas a padres, madres y docentes para ser guías idóneos en la realidad digital actual.

Internet es hoy por hoy, un potencial desarrollador de la creatividad y las redes sociales se han convertido para NNA, en una fuente de expresión y participación, y por ello se precisa que este sea un entorno seguro, expresó Francisco Cevallos, secretario Técnico, del Consejo de Igualdad Intergeneracional (CNII), quien señaló que esta iniciativa debe conjugar un esquema intergeneracional.

Este proceso, que se ha venido sustentando a través del intercambio de conocimientos, la formación de formadores, la implementación de charlas nacionales e internacionales, la construcción de herramientas tecnológicas educativas, de apoyo y orientación a niñas, niños y adolescentes, busca hacer de la Internet un espacio positivo, reflexivo y de desarrollo integral, capaz de promover mecanismos de prevención ante la violencia, así como de investigación y sanción a los ciberdelitos.

De tal manera que, el análisis de los cinco ejes que conforman esta política (Medidas Legales, Medidas Técnicas y Procedimentales, Cooperación Internacional, Construcción de capacidades y Estrategia comunicacional) permitan no solo una mejora al contenido actual, sino a la consecución de los objetivos trazados; es decir, dar el salto a una implementación real, sostuvo la directora Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), Lorena Naranjo Godoy.

Al final este plan de Política Pública será el aliciente para que otros países de la región se sumen a este objetivo macro, que es la protección de los Derechos de niñas, niños y adolescentes, sostuvo Luis Albernaz, del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), de la OEA, entidad que apoya y aporta a esta iniciativa nacional.

Hay que señalar, puntualizó el experto, que esta Política Pública de protección a los Derechos de niñas, niños y adolescentes es reciente y en construcción, por lo que destaca (Ecuador) que en este proceso se hayan cumplido los tres aspectos de construcción: voluntad política, construcción de saberes y capacitación operativa

“Es importante, que el eje cuatro, de Construcción de capacidades se incluya el concepto de apropiación, afianzado con valores ciudadanos, así lo señaló por su parte Berioska Torres, subsecretaria de Fomento de la Sociedad de la Información y Gobierno Electrónico, del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad (Mintel), para quien no basta que niñas, niños, adolescentes y adultos estén capacitados es importante trabajar en valores para evitar la desinformación y violencia en la red.

Y es que esta política deberá permitir al Ecuador construir, mediante procesos de interoperabilidad, cifras estadísticas que permitan introducir mejoras al código penal existente, que traería como consecuencia no acciones correctivas sino preventivos; así como facilitar el intercambio de información entre áreas de la Función Judicial, apuntó Cinthya Carrasco, abogad de la Función Judicial.

En esta reunión estuvieron presentes, el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (IIN), de la OEA, los ministerios de Educación,  Gobierno, Relaciones Exteriores y de Telecomunicaciones y de la Sociedad de Información, el Consejo  Nacional para la Igualdad Intergeneracional (CNII),  la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), el Consejo de Gobierno Provinciales del Ecuador, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Defensoría del Pueblo, Childfund y Fundación Telefónica. La reunión se realizó el pasado jueves, 27 de agosto de 2020, a las 10:00/DCS